Fuente de la imagen: Foto de Courtney Cook en Unsplash
24/05/2007
Es un proyecto aún embrionario que, en principio, parecía contar con
el consenso de todas las fuerzas políticas, pero que ha desencadenado una
auténtica revuelta popular en el Vall d'Aran, en plena campaña electoral. La
iniciativa del Conselh Generau de construir un campo de golf de titularidad
pública en una superficie de 557.000 metros cuadrados de los municipios de
Es Bòrdes, Arres y Vilamòs ha topado con la oposición frontal de los
afectados, que rechazan ser expropiados de sus casas y que ven intereses
especulativos tras el proyecto, declarado de interés general por el gobierno
aranés.
El grupo socialista del Conselh, que había apoyado inicialmente la
propuesta, se desmarcó de ella la semana pasada, al entender que el
proyecto no puede llevarse a cabo sin el acuerdo de los vecinos. La
memoria justificativa del proyecto, hecha por el departamento de
ordenación del territorio y urbanismo del Conselh, recomienda recalificar
9 hectáreas rústicas situadas en el perímetro del futuro complejo
deportivo como zona urbanizable.
En esos terrenos, ubicados junto a Era Bordeta, núcleo de apenas unas 20
casas del municipio de Vilamòs, podrían crearse "150 parcelas de unos 390
metros cuadrados con una rentabilidad efectiva cercana al 20%, absorbiendo
un gasto de adquisición del suelo aproximado total de 1.590.000 euros",
dice el documento. "GATO POR LIEBRE" Los propietarios entienden que ese es
el importe que el Conselh tiene previsto pagar por sus tierras y casas.
"La mayoría de vecinos llevamos varias décadas en la zona. Algunas casas,
que el proyecto prevé derribar, llevan 150 años en pie", denunció un
afectado, que pidió permanecer en el anonimato tras haber recibido
presiones para que cese en su oposición al proyecto.
Los vecinos temen que Convergència Democràtica Aranesa (CDA), el partido
adscrito a CiU que gobierna en el valle, quiera darles "gato por liebre",
dijo ayer el portavoz del colectivo. Lo que más les inquieta, precisó, es
que "los estatutos de la sociedad pública de capital mixto que construirá
y gestionará el campo de golf prevea la posibilidad de recurrir a la
expropiación forzosa en caso de no llegar a acuerdo con
nosotros".
Esta solución, reservada a las administraciones públicas, sería
inimaginable si la promoción del golf fuera privada.Los afectados acusan
al Síndic d'Aran, Carles Barrera (CDA), de haberles "mentido", después de
que en una reunión celebrada la semana pasada les prometiera convocar un
pleno extraordinario para revisar el proyecto y suprimir la posibilidad de
las expropiaciones. Los convergentes explicaron ayer, en una carta a los
vecinos, que ya han hecho efectiva la rectificación, aunque ha sido en una
comisión de gobierno del Conselh, donde solo están presentes los
consejeros de CDA. Unitat d'Aran, la oposición socialista, afirmó ayer que
el acuerdo "es nulo desde el punto de vista jurídico".
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